ANTE UNA NUEVA INJERENCIA ANTIDEMOCRÁTICA
DEL GOBIERNO Y DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
El 1 de agosto el pleno del Tribunal Constitucional (TC), a petición del gobierno Rajoy, acordaba
suspender las conclusiones de la comisión de estudio del “proceso constituyente” aprobadas
por el Parlamento catalán el 27 de julio. Al mismo tiempo, advertía a los presidentes y a
cada miembro de la Mesa del Parlamento y del gobierno de la Generalitat, de su responsabilidad
penal en el caso de que ignoren esta suspensión.
Independientemente de la opinión que nos merezca la intencionalidad y el sentido político
de lo que fue aprobado por el Parlamento catalán, para cualquiera que se reclame de la democracia,
se trata de un ataque inaceptable que debe ser combatido. No puede haber democracia
si se censuran las opiniones, los debates o las declaraciones políticas de quienes han sido
elegidos por el pueblo. Y menos aún, si los diputados pueden ser procesados y condenados en
el ejercicio de sus funciones. Si esto se permite, la voluntad popular, el voto expresado en las
urnas, sirve de bien poco y se vuelve a las normas de la dictadura franquista.
Por otro lado, no es la primera vez que este “tribunal” acuerda tomar medidas contra derechos
elementales de los trabajadores y de los pueblos. Sin ir más lejos, leyes contra los desahucios
aprobadas en Andalucía, Navarra, Euskadi o Canarias, o más recientemente, la que
fue aprobada por el Parlamento catalán, han sido impugnadas a instancias de un gobierno en
funciones, que no debería continuar ni un día más. Y cabe recordar también que ese mismo
tribunal dio luz verde a la reforma laboral.
No hay duda: la continuidad de este gobierno y de las instituciones heredadas del franquismo
llevan a un callejón sin salida. Llevan al enfrentamiento. Constituyen un lastre para la
democracia, una amenaza constante para las libertades, y un obstáculo para poder defender los
derechos de los trabajadores y los pueblos, de la mayoría social.
Es urgente acabar con esta situación. Y esto es posible si todas las organizaciones que hablan
en nombre de los trabajadores y los pueblos unen fuerzas y pasan a organizar la movilización.
Para defender la democracia y acabar con las amenazas judiciales, para restablecer los
derechos arrebatados, para impedir que sigan en el gobierno quienes se han distinguido por la
aplicación de los peores ataques contra los trabajadores, en más necesario que nunca la más
amplia unidad.
La mayoría social quiere un cambio. El capital y la reacción quieren mantener a Rajoy. Para
los trabajadores, para los jóvenes, para todos los pueblos del Estado español, sería incomprensible
que los dirigentes de los partidos que se reclaman de la clase obrera y de la democracia,
en particular el PSOE, IU, Podemos, y también los dirigentes sindicales, no condenasen el ataque
al Parlamento catalán y no aunasen fuerzas en una gran alianza de trabajadores y pueblos
para abrir una salida democrática. Ni un día más Rajoy, ni un día más la herencia franquista.
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