Declaración del Comité de Redacción de Información Obrera
En una acción sin precedentes que supone un atropello contra la democracia, la Junta Electoral Central –que como ha recordado la portavoz del PSOE, no es un órgano jurisdiccional, sino un tribunal administrativo– por 7 votos a favor y 6 en contra,
acaba de inhabilitar al presidente de la Generalitat y a Oriol Junqueras para impedir que
éste último pueda ni tan siquiera recoger su acta de eurodiputado. Todo ello a instancias
del recurso presentado por el PP, Ciudadanos y Vox, la derecha franquista aliada con las
instancias judiciales de poder, que han actuado de ariete.
La decisión de inhabilitar a Torra y a Junqueras no solo es una barbaridad jurídica. Es
también la enésima constatación de la pervivencia del franquismo en todos los ámbitos del
aparato de Estado, y su utilización para dinamitar cualquier posibilidad de salida política
a la cuestión catalana.
Cualquier trabajador, joven, sabe esto. Quienes están detrás de la decisión de la JEC,
no quieren ni diálogo, ni que se constituya un gobierno que adopte medidas que vayan
en favor de la mayoría social. No quieren que se derogue la reforma laboral –aunque sea
parcialmente– ni que se elimine el factor de sosteniblidad que permite la pérdida de poder
adquisitivo de las pensiones, o que se derogue el artículo 315.3 del Código Penal que permite encarcelar sindicalistas por hacer huelga.
No quieren nada de eso, aunque sea una mínima parte de lo que un gobierno realmente «progresista» debería poner en marcha inmediatamente, y aunque no responda exactamente a los que esperan millones de trabajadores y jóvenes. Tiene toda la razón Oriol
Junqueras cuando dice que las alcantarillas del Estado y el PP van de la mano.
Los hechos demuestran tozudamente que para que las libertades más elementales no
sean conculcadas, para que éstas no estén permanentemente tuteladas por las instituciones
heredadas del franquismo, es necesaria la República. República del Pueblo y para los Pueblos,
que garantice los derechos sociales y democráticos, y la unión libre y fraternal de todos ellos.
Y hoy más que nunca, en vísperas de la constitución de un nuevo gobierno, es necesaria la movilización en defensa de las reivindicaciones, contra la decisión de la JEC.
Como periódico obrero situado siempre en la defensa de las libertades, por la libertad de
los presos y el derecho a decidir, y por esta razón opuestos, como la mayoría de trabajadores
a las políticas antisociales aplicadas en los últimos años tanto por el gobierno central como
por los diferentes gobiernos de la Generalitat. Políticas que en el caso del gobierno de la Generalitat se han adoptado bajo la bandera de la lucha por la soberanía nacional de Cataluña,
cuando en realidad lo que suponen y adonde conducen, es a todo lo contrario. Afrmamos
que la lucha por la soberania del pueblo catalán, de todos los pueblos, es incompatible con
la política de recortes sociales que hunden la sanidad, la enseñanza y los servicios públicos
básicos. No puede haber derechos nacionales sin derechos sociales, y a la inversa.
Pero con la misma rotundidad afrmamos que no puede dejarse pasar semejante atropello. Para cualquiera que se reclame de la democracia, para las organizaciones que hablan
en nombre de los trabajadores, es una obligación manifestarse en ese sentido.
Madrid, 4 de enero de 2020
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