EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE Y LAS LIBERTADES
Libertad de expresión y reunión
Por su configuración social Getafe ha sido siempre un referente en la lucha obrera, y las elecciones municipales se han enmarcado tradicionalmente en la conquista de libertades políticas que el POSI defiende dentro de su programa.
El 9 de junio de 2003 el entonces candidato del POSI a la alcaldía de Getafe fue brutalmente agredido por la policía – como consta en resolución judicial – y hasta el día de hoy nadie ha asumido las responsabilidades políticas de tal acción. Al contrario, el que era Concejal de Seguridad Ciudadana en aquel momento, David Lucas, que llegó a definir como “exquisita” la actuación policial fue posteriormente designado portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid y hoy es candidato a la alcaldía de Móstoles. Igualmente a día de hoy los policías sancionados no cumplieron su castigo porque se pasó el tiempo sin que nadie tomase medida alguna.
En el mismo sentido muchos de los movimientos vecinales de protesta contra la política del Ayuntamiento, incluida la comisión organizada para esclarecer la actuación policial aquella noche, han sido sistemáticamente perseguidos con el fin de laminar su voluntad. A los miembros de la Asociación Vientos del Pueblo que lucharon contra la Ecotasa, a los del POSI que pedimos responsabilidades por la brutalidad policial contra nuestro compañero, se nos ha multado en repetidas ocasiones con el máximo previsto en una ordenanza de defensa del medio ambiente – 600 euros – por hacer campaña pública y, supuestamente, ensuciar la vía con nuestras reivindicaciones. Una y otra vez la justicia ha terminado por darnos la razón, ha condenado al Ayuntamiento a indemnizar a nuestro compañero, le ha conminado a devolvernos el dinero de las multas y ha dejado claro que si alguien contamina la vida pública es el propio Ayuntamiento, no nosotros.
Lo más sorprendente es que estas multas y esta persecución de los colectivos políticos y vecinales críticos con el gobierno municipal, se establece en aplicación de la ordenanza de medioambiente. Como si estuviera reñida la libertad de expresión con el respeto al medio. Una sentencia ya ha establecido que el Ayuntamiento vulnera el derecho de información de los ciudadanos al aplicar la ordenanza de medioambiente y pretender multar con 600 euros por repartir información en la calle o pegar carteles o usar un megáfono por miembros de una organización política, sindical o vecinal. En lugar de enmendar ésta situación el gobierno municipal ha insistido en ésta política de manera que en la ordenanza de convivencia se insiste en la tipificación de estos hechos como sancionables y multables con más dinero además. La Unión Comarcal Sur de CCOO en su último congreso aprobó una resolución para dirigirse al Ayuntamiento exigiendo que se modifique la ordenanza de medio ambiente y se distinga la propaganda comercial de la política, social o sindical de forma que ésta no se considere como sancionable. El POSI sigue exigiendo que se modifiquen estas ordenanzas de convivencia y medioambiente para que dejen de ocurrir es tos hechos y se respete la libertad de expresión de todos.
En los últimos días el Consistorio ha promovido una medida torticera que obliga a los partidos políticos que se presentan a estas elecciones a pagar por el uso de cualquier local municipal para hacer campaña. En realidad es una interpretación retorcida de la ley porque la norma en la que se basan, recogida en la LOREG – Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral Central - busca evitar un abuso de los medios públicos por parte de los partidos: un abuso, no su uso. Lo chusco del asunto es que mientras el candidato del gobierno – y algunos de la oposición - se dejarán miles de euros de los ciudadanos en plastificar el municipio con su rostro, al resto de los partidos, incluidos los que nos autofinanciamos, se nos cobrará una tasa por utilizar recintos municipales con un fin meramente electoral. En un pueblo que si ha destacado por algo es por la lucha por las libertades, la lista de arbitrariedades que les contempla es inacabable. Por eso y animamos a los ciudadanos a que utilicen nuestro blog como altavoz para denunciar todo este tipo de irregularidades.
EL POSI, EN SU PROGRAMA ELECTORAL, PROPONE Y EXIGE
1.- La anulación de multas y devolución de lo cobrado a los vecinos que han sido multados en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.
2.- Modificación de las ordenanzas de medioambiente y de convivencia para que dejen de ser objeto de sanción y multa el reparto de propaganda en la calle por organzaciones políticas, sindicales o vecinales, además de por pegar carteles o utilizar megafonía.
2.- Que se modifique el reglamento de participación ciudadana a para que la libertad de expresión no se vea menoscabada y menos comparada y tratada como la venta ambulante.
